Capilla Laica
La sublevación militar, que comenzó en el ámbito estatal el 17 de julio, se produjo en León el 20 de julio. Los militares sublevados no encontraron apenas resistencia, excepto en el Gobierno Civil, la Casa del Pueblo y en San Marcos. La sublevación se extendió con celeridad a las comarcas agrícolas leonesas sin encontrar demasiada resistencia.
La represión franquista comenzó durante la Guerra Civil, pero no finalizó con su conclusión, no fue un instrumento para derrotar al enemigo sino para destruirlo definitivamente. De esta manera, en primer lugar se produjeron los paseos, que consistían en fusilamientos colectivos de personas relacionadas con el republicanismo o los partidos de izquierda sin el más mínimo respeto a los métodos judiciales. En los registros civiles constarán numerosos muertos, algunos de ellos sin nombre conocido. Tristemente célebres serán en León los paseados de Puente Castro, Valverde del Camino o Villadangos del Páramo.
Los Consejos de Guerra sumarísimos comenzaron a ponerse en marcha un poco más adelante. Partían de una situación surrealista, ya que juzgaban por delitos como, rebelión militar, a quienes habían permanecido fieles a las instituciones republicanas, precisamente los que se habían sublevado contra ellas. Por si esto fuera poco, las garantías judiciales eran muy escasas, ya que se producían juicios en grupo o juicios que duraban minutos sin posibilidad de réplica por los abogados defensores.
Una parte importante de los juicios realizados inicialmente en la ciudad de León fueron a las autoridades republicanas, desde el gobernador civil Emilio Francés, al presidente de la Diputación Ramiro Armesto, pasando por el alcalde de León, Miguel Castaño Quiñones, que serían condenados y ejecutados. No corrieron mejor suerte el alcalde de Ponferrada, Juan García Arias, el de Astorga, Miguel Carro Verdejo o el de Sahagún, Benito Pamparacuatro.
Las cifras que se tienen sobre los paseados en León fueron las aportadas por Ramón Salas Larrazábal que dio un total de 1.409 personas muertas, de ellas 624 por ejecución de sentencias judiciales y 785 de homicidios irregulares, a los republicanos les atribuyó 187 muertes. Se ha demostrado suficientemente que estás cifras se han quedado cortas, ya que tan sólo con los datos del registro civil de León se ven superadas con creces.
Es necesario tener en cuenta que la metodología usada por Salas Larrazábal obviaba las muertes no producidas claramente por causas violentas, lo que eliminaba un importante número de fusilados, ya que muchas veces no se hacían constar las causas de la muerte o se reflejaban eufemismos que ocultasen la muerte violenta.
En estas listas de muertos no contabilizados habría que incluir, por ejemplo, los pertenecientes al pozo Grajero de Lario. A este pozo fueron arrojados los cadáveres de 15 paseados. El 14 de julio del 2001 se hizo un acto en homenaje a estos paseados con la colocación de una placa. Evidentemente pozos desconocidos como el Grajero existen en un número importante en la provincia de León por lo que el número de fusilados fue sin duda alguna superior.
A partir de 1938 se multiplicaron los Consejos de Guerra. Los juzgados eran, básicamente, milicianos que habían luchado en el frente Norte. Entre julio de 1936 y diciembre de 1940 varios miles de leoneses –unos ocho mil- pasaron por los juicios sumarísimos según Wenceslado Álvarez Oblanca y Secundino Serrano.
Otro tipo de represión consistía en las depuraciones, es decir, el despido del trabajo simplemente por tener ideas políticas “contrarias al Movimiento nacional”, comenzando por los políticos elegidos democráticamente que fueron rápidamente sustituidos, hasta los funcionarios que fueron investigados y depurados principalmente los relacionados con la enseñanza.
Las depuraciones en León afectaron a la Cámara Oficial de Comercio, a la Estación Pecuaria, Diputación, a los Ayuntamientos y en general a los funcionarios públicos. Las depuraciones alcanzaron una gran extensión en el sector de la enseñanza con medidas que iban desde la separación definitiva del puesto hasta la separación temporal complementadas con expedientes de responsabilidad política que conllevaban sanciones económicas y de cárcel. Dentro del Magisterio leonés de 905 expedientes, 186 maestros fueron separados definitivamente de su puesto y 40 murieron fusilados.
A lo largo de la guerra y en el primer franquismo el número de cárceles en la provincia de León aumentó espectacularmente. En la ciudad de León estaban la prisión provincial de Puerta Obispo y la fábrica de curtidos de Santa Ana. La prisión provincial en 1938 tenía 700 presos. Sobre la prisión de Santa Ana sólo se sabe que había sido una fábrica de curtidos y que recluyó una media de 500 presos. En la provincia aparece la cárcel de Valencia de Don Juan con un gran número de presos. Por la cárcel de Astorga pasaron muchos anarquistas leoneses, lo que muestra que también tuvo presos políticos inclusive, acabada la guerra.
La prisión más conocida en el ámbito nacional de la provincia de León fue sin duda alguna el campo de concentración de San Marcos. Conocido por su extrema dureza y su superpoblación desde los comienzos de la guerra. En un momento inicial se constituyeron los “depósitos” de concentración entre los que ya estaba San Marcos. El 5 de julio de 1937 surgió la Inspección de los Campos de concentración de Prisioneros, con lo que se reglamenta la organización de los campos de concentración.
Todos los autores coinciden en señalar que el número máximo de presos fue alcanzado por San Marcos en 1938 tras la caída del Frente Norte, llegando a ser de 7.000 hombres y 300 mujeres.
