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Entrevista a Laudelino Sánchez, 88 años. Puebla de Lillo, 7 de septiembre de 2011-09-10
Cuando estalló la guerra, hubo tres o cuatro dÃas que no se sabÃa nada. Nosotros tenÃamos la concesión de correos en Lillo, tenÃamos la exclusiva de correos. Los de la junta mandaron a mi hermano Teodoro, que tenÃa diecisiete años, en bicicleta, a informarse a Boñar. Allà ya le dieron un litro de aceite de ricino. En septiembre fue el primer ataque. Empezaron los fusilamientos, como los de dos hermanos que cantaban muy bien, los tuvieron cantando toda la tarde y los liquidaron por la noche. Uno llevaba los pantalones de la guardia civil. Los chicos vimos cómo los fusilaban y los enterraban.
En la cima de la torre habÃa un lanzabombas de madera.
Aquà dÃas antes del Movimiento paraba mucho en casa a comer el teniente Emilio, de Asalto, que después huyó de León, marchó para Portugal pero la policÃa portuguesa lo entregó y lo mataron el mismo dÃa con otros catorce. En León mataron a la cúpula del Frente Popular, al presidente del Frente Popular, Félix Sampedro.
Aquà la maniobra final de la guerra fue cuando los envolvieron [a los republicanos] subiendo por las cumbres, los rodearon por Barbadillo, que fue uno de este pueblo, de Lillo, quien les mostró el paso. Aquà como frente no hubo mucho. Yo me acuerdo de lo de la Peña del Ãguila, allà los moros caÃan como chinos. En Peña del Ãguila hubo mucho lÃo. Y en el pico Cueto, en donde fue la mayor batalla, allà no estuvieron los navarros. Y en Peña Agujas también hubo lucha. Yo tenÃa catorce años. Hasta el ataque de mayo del 37 sólo hubo tiros aislados. Cuando llegó la artillerÃa el 15 de mayo, de cada cien bombazos que mandaban explotaban 20. Los de la mehala de Gómara entraron en el pueblo cuando cayó el frente, en octubre del 37, yo estaba delante de mi casa. El jefe de la mehala descendÃa de Redipollos, estaba medio sordo. En Tarna un moro violó a una mujer, y lo fusilaron delante de todos para dar ejemplo.
Los republicanos tenÃan tres batallones en cada puerto, el que mandaba era Silvino Morán. Pero no tuvieron nada que hacer, aquello fue traición todo. Y otras cosas. Cuando empezó la ofensiva nacional sobre el puerto de Tarna, el resposable republicana llama a Mieres y la telefonista le dice que espere que tiene prioridad la llamada de los civiles, que son los pagan.
El tabor de regulares estaba en Boñar. Una CompañÃa de Asalto de Gijón estaba en el pico Cueto. A la gente de Cofiñal los evacuaron el dÃa de San Marcos, el 25 de marzo. En la carretera tenÃan una baterÃa de artillerÃa del 12 o 14. En Cerecedo, una casilla de camineros estaba repleta de moros. Fueron quienes mataron al dueño de un bar.
Los cuerpos de los muertos de la batalla de mayo del 37 se guardaban en la cochera de mi padre, yo recuerdo haber contado unos cuarenta un dÃa que entré allÃ. La centuria de Falange estaba al mando de un militar, Ãlvarez Cristo.
Estábamos escuchando la radio en el salón, eran las 10 de la noche cuando entraron; venÃan de Boñar; escuchamos los primeros cañonazos, era el 14 de mayo de 1937.
Muñoz Grandes dirigÃa una división y media de Navarra y tercios de requetés.
También me acuerdo muy bien cuando un avión italiano hizo un aterrizaje forzoso cerca del cuartel de la guardia civil. Lo habÃan alcanzado en el radiador. El piloto era un sargento canario. Era un caza de los italianos del aeródromo de la Virgen del Camino en León.
Eso de que Tarna lo quemaron los rojos era una mentira. En la casa del Cónsul se veÃa el impacto de una bomba que abrÃa en V, era evidente que lo bombardearon los nacionales.
Antes de la guerra en Lillo no habÃa comunistas, habÃa republicanos de Azaña y de la Unión Republicana de Gordón Ordás. Socialista sólo habÃa un vecino con carnet. Los falangistas venÃan de Boñar. Aquà mataron a todos los soldados republicanos que se entregaron al caer el frente. Pasearon a unos cuantos. También los falangistas asesinaron al maestro de Valdecastillo. Mataron mucha gente. Como el falalngista aquel que trabajaba en los almacenes Los Prados de León, que le metió el tiro de gracia a uno, eso me lo contó el que que excavó la tumba, que todavÃa le partieron las piernas al cadáver para que entrara en la fosa, y le robaron las botas.
El general Aranda estuvo aquÃ, en Lillo, yo lo vÃ. El teniente coronel Ceano dirigÃa una columna que pasó por aquÃ, camino de la Ferrerina por un camino antiguo de carro.
Mi hermano hizo la guerra con la República, se entregó en VillamanÃn, a un coronel que los llevó directamente a San Marcos a León, y se libró por eso. Aún asà le cayeron siete años y doce más por haber participado en la fuga del fuerte de San Cristóbal en Pamplona.
Tras la guerra se hizo dinero con el negocio de la ferralla, que habÃa unos gallegos en Boñar que mandaban vagones llenos a Bilbao.
Dos vecinos de Lillo, que eran primos, Pepe Cristo y Manolo, se pasaron una temporada en el cueto de Castiltejón, excavando para ver si encontraban el vellocino de oro que dejaron los moros; serÃa por los años 34 o 35, pero no encontraron nada.
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Unión del Pueblo Leonés (UPL) es un partido polÃtico español de carácter leonesista que aspira a conseguir que León, Zamora y Salamanca (las provincias que formarÃan el PaÃs Leonés, correspondiente con las adscritas a la región del Reino de León en la División territorial de España en 1833) formen una comunidad autónoma propia.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) es el principal partido leonesista de todos los que actualmente se encuentran en activo, contando con representación en la Diputación de León y en ayuntamientos de León y Zamora con 205 concejales. Si bien obtuvo representación en las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2007, sus dos procuradores, JoaquÃn Otero y Héctor Castresana, abandonaron el partido a mitad de la legislatura por desavenencias con su partido.
Fue fundada en 1986 como UNLE-UPL por personas pertenecientes a AP, UCD, PSOE o PSP y que tenÃan inquietudes leonesistas. No obstante, en 1991 el partido serÃa refundado ya con sus siglas definitivas por José MarÃa RodrÃguez de Francisco, que abandonó el partido en 2004, al convertirse en transfugas él y la concejal leonesista Covadonga Soto, fundando el PAL-UL.
El proceso de refundación desde entonces ha estado liderado por Javier Chamorro y ha supuesto la creación de unos nuevos estatutos para el partido, a fin de evitar el transfugismo. El partido, liderado ahora en mayor medida por sus bases, se ha desligado también de Conceyu Xoven para fundar Juventudes Leonesistas, su nueva asociación juvenil, con presencia en las provincias de León y Zamora . El partido tiene acuerdos con Zamora Unida y Unión del Pueblo Salmantino, también de ideologÃa leonesista.
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Pero cualquier pueblo que se enfrente actualmente a la Iglesia por un bien común no lo tiene nada fácil, seguramente porque ya estará registrado a nombre de algún obispado o parroquia. Y el que registra primero tiene todas las de ganar en un proceso judicial, como se ha visto repetidamente en los últimos años. En definitiva, el proceso de las denominadas inmatriculaciones iniciado hace años por las diócesis de León y Astorga para poner a su nombre todo tipo de bienes locales que consideraron propios ha empezado a despertar recelos en los pueblos, que están comprobrando cómo propiedades que siempre han considerado suyas tienen como titular al ente diocesano, como ha ocurrido recientemente en la remota población cabreiresa de Quintanilla de Losada.
Los obispados de León y Astorga defienden con fervor sus actuaciones. El económo de la Diócesis de Astorga, Jesús Vallejo, admite que «son miles» los registros que se han realizado en el territorio que abarca este obispado en León, Ourense y Zamora, teniendo en cuenta que «tenemos 1.223 núcleos de población, algo asà como el PaÃs Vasco y La Rioja juntos». «Y el proceso no está acabado», afirma. Desde que se iniciaron las inmatriculaciones en Astorga, ha habido litigios constantemente, pero sentencias como la de Ferreras de Cepeda a la que alude Vallejo han dado la razón al obispado. «Siempre hemos estados dispuestos a colaborar y si hemos tenido que perder lo hemos hecho para evitar lÃos». Lo cierto es que hoy mismo los Juzgados de Astorga han citado a los representantes vecinales del pueblo de la Cabrera para resolver el conflicto que mantienen desde hace semanas con el párroco por la instalación de un parque infantil junto a la iglesia, un terreno que el pueblo siempre consideró común. «Es un asunto tremendamente molesto, con gente a favor y en contra. Pero si es de mi propiedad y se cae un niño, la responsabilidad es mÃa». Quiere decir que el obispado defenderá hasta el final su derecho a retirar un columpio y un tobogán.
En la Diócesis de León, a través de un portavoz oficial, argumentan que la Iglesia está respaldada por varios artÃculos de la Ley Hipotecaria, redactada en 1946 y modificada diez veces hasta el 2003, y por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos JurÃdicos, firmado en 1979. Además, añaden que el certificado de dominio de tiempo inmemorial, que se justificaba con los libros de fábrica (libros de administración de los centros de culto), ha sido asumido por el Registro de la Propiedad. «Para entender este problema, hay que diferenciar dos esferas: lo que es el pueblo y lo que es el pueblo cristiano», apostillan desde esta diócesis.
El embrollo empieza a ser mayúsculo cuando los pueblos se ven incapacitados en la mayor parte de los casos para reclamar alguno de los bienes registrados por la Iglesia, puesto que tienen dos años para demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia no perjudica a terceros. En la mayor parte de los casos este tiempo ya ha pasado, lo que no impide que muchas luchas vecinales se mantengan vivas en juzgados y en el propio pueblo. «Esto no lo quita ni Cristo que lo fundó», advierte pétreo un vecino de la Cabrera.
Aunque el asunto parece claro, resulta un tanto confuso. En España ha nacido la plataforma Ekimena (www.plataforma-ekimena.org) para iniciar la reclamación de bienes en lugares como Navarra, donde también han sido inmatriculadas miles de propiedades. Sus responsables parten del convencimiento de que esta fórmula ha sido prácticamente desconocida por las entidades locales, que también podÃan haber inmatriculado los mismos bienes. «A pesar de tener diversos inmuebles de su propiedad desde tiempo inmemorial, unas veces por ignorancia y otras por pasividad, no han utilizado esta vÃa para regularizar su situación y en defnitiva hacer que el registro de la propiedad corresponda con la realidad extrarregistral», sostiene la jurista de la plataforma. También advierte que la propiedad puede ser discutida, pero en ese caso los que se consideran propietarios deben acudir a los tribunales y ser ellos quienes prueben ser los dueños.
Además, como ocurre en muchas casas rectorales de la provincia, puede darse el supuesto de que la Iglesia haya vendido la propiedad, en cuyo caso si se ganara el pleito al obispado nunca se devolverÃa el inmueble, sino el precio por el que se vendió, casi siempre pÃrrico. Si el bien aún no está vendido, los ayuntamientos o juntas vecinales pueden reclamarlo por la vÃa judicial, pero les espera un duro proceso, puesto que tienen que tener en su poder documentación en la que fundar sus derechos sobre la propiedad.
Lo mismo ocurre con los bienes muebles. El artÃculo 449 del Código Civil establece que la posesión de una cosa raÃz supone también la de los muebles y objetos que se encuentren dentro, mientras no se acredite que deben ser excluidos. Es decir, que en aquellos lugares donde se conserven documentos que acrediten la compra de bienes muebles, caso de un retablo, por parte de un pueblo se puede solicitar su recuperación «porque el hecho de que se haya inscrito recientemente el inmueble no conlleva que todo lo que esté en su interior y haya sido sufragado con cargo a las arcas locales pertenezca a la Iglesia», observa la letrada.
Todo se envuelve en una compleja esfera jurÃdica. Los ob ispados, en su defensa, alegan el artÃculo 206 de la Ley Hipotecaria: «El Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura polÃtica de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del tÃtulo escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario».
Asimismo, las diócesis leonesas citan el artÃculo 304 del Decreto del Reglamento Hipotecario, en el que los obispos adquieren la función de cargo público cuando se les permite certificar la propiedad de un bien: «En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos».
Otra de las bazas que tienen los respectivos obispados es el artÃculo 5 del citado Reglamento Hipotecario, en el que se recoge literalmente que «los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial».
Otra de las claves que subrayan desde el Obispado de León es el artÃculo 1.2 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos JurÃdicos, que da a la Iglesia libertad para «organizarse libremente» y en particular «crear o suprimir parroquias que gozarán de personalidad jurÃdica civil», razón por la que muchas de las inmatriculaciones han sido promovidas por los párrocos en consonancia con las órdenes del diocesano.
Todos estos argumentos, que son prácticamente los mismos que los utilizados por otras diócesis para explicar la situación en muchos pueblos, están considerados por la Plataforma en Defensa del Patrimonio «fuera de la Constitución», en particular el artÃculo 206 de la Ley Hipotecaria «que mantiene el privilegio franquista de los diocesanos a ejercer como si del Estado, la provincia o el municipio se tratara».
Muchos pueblos se han plantado frente a las actuaciones de la Iglesia, incluso han llegado a los tribunales. A continuación, algunos de los casos de la provincia; unos conocidos, otros silenciados.
QUI NTANILLA
DE LOSADA
El parque de los niños lleva a los mayores ante el juez
El plan urbanÃstico de Encinedo, mun icipio cabreirés al que pertenece Quintanilla de Losada, señala un pequeño terreno junto a la iglesia parroquial con destino a uso público. «Por eso hicimos el parque allû, explica el pedáneo. Pero el párroco se enfadó porque nadie le habÃa consultado, asà que informó a sus superiores, que pronto enviaron a un perito para levantar acta de la construcción iniciada por el ayuntamiento: un tobogán y un columpio de pequeñas dimensiones. Quisieron paralizar la obra, pero la orden judicial ha llegado cuando el parque infantil ya se está utilizando por los siete niños y niñas que viven en el pueblo. No obstante, hoy hay citación judicial, por lo que todo puede pasar.
Para el pueblo es lo de menos. Si hay algo que les sigue doliendo es haberse quedado sin misa el dÃa de la fiesta. El párroco cumplió su amenaza y no abrió la iglesia. Esa es la versión del pueblo porque él recibe a los periodistas con un soberbio «no quiero hablar con vosotros» para inmediatamente después concluir con un «Dios te bendiga». «Nos ha quitado las llaves de la iglesia y eso no se puede consentir; si no quiere venir a decir misa que no venga, pero queremos abrir la iglesia porque la gente quiere entrar a rezar», indica el presidente de Quintanilla.
Se da la circunstancia de que el párroco de la zona, antes de tener el conflicto en Quintanilla, habÃa recibido un buen varapalo del Ayuntamiento de Encinedo al paralizarle una construcción aneja a la iglesia para instalar calefacción en el templo. «Con los feligreses que tienen, no sé cómo se andan con esas», espeta Mercedes, vecina de Quintanilla.
VILLAR
DE CIERVOS
La ermita del milagro que ha dividido a un pueblo
«Hubo un milagro y el pueblo hizo la ermita en ese lugar, hasta que en 1993 se refundó una cofradÃa en el pueblo y al inscribirse en el obispado se levantó la liebre», comenta la presidenta de Villar de Ciervos, MarÃa Elena Chana Peña. Mantiene que fue entonces cuando la Iglesia inmatriculó la ermita de la Vera Cruz, pero ellos no se enteraron hasta hace tres años. Como en casi todos los pueblos, hubo división de opiniones, casi siempre a favor de no buscar problemas con los párrocos. «Aquà el cura también dijo que no decÃa misa», recuerda. Este pueblo, uno de los más remotos de la comarca maragata, construyó con sus recursos la casa rectoral, registrada hace unos años por el obispado y ya vendida a un particular. Parte del dinero de esta venta (unos 1.800 euros) fue destinado al arreglo de la iglesia parroquial, que se encuentra en un estado lamentable. El resto de las obras han sido financiadas por los vecinos, «pero la gente no ha querido luchar». Cuando conocieron que por otros lados de España se estaba produciendo este proceso de inmatriculaciones también a gran escala, acudieron al Registro de la Propiedad y comprobaron que el pueblo se habÃa quedado sin los bienes que consideraba suyos. Llenaron los pueblos de panfletos, pero no tuvieron apoyo en una población envejecida y muy creyente.
Una de las consecuencias de este conflicto llega ahora, con la fiesta del pueblo. La junta vecinal ha organizado históricamente una jornada de convivencia, junto a la ermita, en la que ya no colabora. Y no lo hace como respuesta al trato diocesano con este pueblo. «Con la Iglesia hemos topado, tienen la sarten por el mango, y eso que yo soy creyente…».
Otra de las polémicas que enfrenta a la junta vecinal con la parroquia es el abandono que sufre este templo, incluso después de informar al párroco sobre la aparición de pinturas antiguas bajo el enyesado. «QuerÃa pintar encima de blanco y se lo prohibimos, asà que ahà están los desconchones en los que se ve que hay unas pinturas extraordinarias».
MOLINAFERRERA
La casa del cura reconvertida en lugar de encuentro para cazadores
Las mujeres más longevas de Molinaferrera comen «mucha berza, poca carne y se ponen a la sombra». Su recomendación la hacen una calurosa tarde de verano, ajenas a la polémica que mantuvo en su dÃa el pueblo contra el Obispado. Ahora ya todo parece calmado, aunque la indignación aún se palpa entre ciertos vecinos. El problema de Molinaferrera nació en torno a la casa rectoral, construida por el pueblo. «Yo misma trabajé allû, asegura una de las mujeres. «Y lo hizo todo el pueblo, con piedra y madera». Efectivamente, el trabajo de los vecinos se proyecta hoy sobre una singular edificación trasnsformada en una casa para aficionados a la caza. Cuando el pueblo se dio cuenta, la vivienda habÃa sido registrada por el obispado y posteriormente vendida. El pueblo llegó a amanecer repleto de pintadas como «Esta casa no se bende» y «sinberguenzas». A pesar de que la diócesis sostiene en todo momento que el pueblo fue informado durante dÃas con un cartel, los vecinos niegan este hecho y alguno de ellos lamenta no haber podido participar en una subasta para adquirir el inmueble, con enorme componente emotivo para los vecinos.
LAGUNA DE NEGRILLOS
Los vecinos creen que la batalla contra -˜Goliat-™ no está perdida
Es uno de los ejemplos de lucha vecinal. Su caso se refiere a la ermital del Arrabal, aneja a la parroquia de San Juan Bautista. Como en todos los demás casos, la Iglesia registró estos bienes como propios y el pueblo levantó en cólera. Tanto que llevaron el asunto a los tribunales y se dictó una sentencia que vino a reconocer la legalidad de la actuación del obispado. Legal, pero ¿moral? Es lo que se pregunta la Asociación en Defensa del Patrimonio Navarro, primera y única asociación en España que promueve contenciosos por lo que consideran una apropiación del patrimonio común. Los responsbles de esta entidad tan sólo conocen de León el caso de Laguna de Negrillos, puesto que un grupo de vecinos se ha puesto en contacto con esta entidad para interesarse por todas las vÃas que tienen para reclamar este patrimonio y denunciar la desaparición de otras obras de arte, de lo que ya han dejado constancia.
ANDIÑUELA
Se llevaron todo lo de valor y lo cambiaron por figuras de escayola
«Siempre se dijo que aquella maleta pesaba». Alguno en la población maragata de Andiñuela todavÃa cree saber cómo se llevaron del pueblo el cáliz, una cruz de plata, la custodia… «Todo lo que habÃa de valor, y nunca se supo quién fue», dice el hombre. «La Guardia Civil enseguida vio que aquello fue un misterio», responde otra vecina. No saben nada más, lo único que recuerdan es que «molestaron a todos los vecinos», lo que quiere decir que entraron en sus casas, les hicieron preguntas… Ahora que el obispado ha realizado el inventario de bienes y su patrimonio artÃstico, «las imágenes buenas nos las han cambiado por unas de escayola», un procedimiento que se ha seguido en los últimos años para custodiar tallas y piezas de gran valor artÃstico que se encuentran en templos totalmente desprotegidos. El ecónomo de la Diócesis de Astorga, Jesús Vallejo, asegura que su obispado tiene un lugar expresamente destinado a custodiar el patrimonio de los pueblos, totalmente accesible a cualquiera. AquÃ, en Chana y en otros tantos sitios de la zona el obispado se hizo con la titularidad de la casa rectoral para después venderla. Hay casos, no obstante, en que la pedanÃa se les adelantó.
ARMELLADA
La casa del cura era del cura y también fue vendida
La casa del cura de Armellada fue dejada en herencia al pueblo por un sacerdote, allá por los años 50. Estaba en muy malas condiciones y el pueblo la reformó totalmente a partir de los años 70. «La vendieron tirada de precio», manifiesta una vecina. Durante un tiempo, la junta vecinal se interesó por la propiedad de este bien, pero nunca se les atendió en el obispado, afirma una de las promotoras de aquella plataforma. De eso, hace ya doce años. Lo curioso de todo esto es que el pueblo, a pesar de las desavenencias con el obispado por este bien en concreto, puso posteriormente 120 euros por cada vecino para arreglar la iglesia parroquial y construir una pequeña capilla para uso habitual. Allà están las imágenes de San Fabián y San Sebastián, mártires. De la misma manera, la torre de esta iglesia se hizo vendiendo unos terrenos comunales del pueblo. Pese a ello, la iglesia está inmatriculada a favor de la Iglesia Católica.
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Las trabajadoras del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC han sido despedidas, tal y como ellas mismas señalan, el pasado martes dÃa 12 de julio “después de interponer una demanda de reconocimiento de su relación laboral a la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León y tras seis años de trabajo continuado en dicho museoâ€.
Recuerdan que el pasado mes de febrero, “después de múltiples negociaciones con la dirección del museo a lo largo de dos añosâ€, las seis educadoras del MUSAC decidieron “poner fin a seis años de precariedad laboral interponiendo una demanda contra la Fundación Siglo en la que se solicita el reconocimiento de su relación laboralâ€.
Desde la inauguración del museo, tal y como explican, las educadoras han desempeñado su trabajo en el marco de un organigrama y con unas funciones establecidas por la institución.
Facturando como autónomas
Asimismo, “han desarrollado su trabajo en las instalaciones del centro, con las herramientas aportadas por el mismo. Con un horario marcado por el museo que ha estipulado igualmente sus dÃas de vacaciones, descansos semanales, etc. Sin embargo, en ningún momento han disfrutado de un contrato de trabajo directo con la Fundación, sino que ésta les ha obligado a facturar como autónomasâ€.
Esta realidad, tal y como explican, se conoce comúnmente con el nombre de “falso autónomoâ€. Estos, “a pesar de su falta de autonomÃa, asumen las obligaciones de un/a trabajador/a con contrato pero sus derechos se ven reducidos porque son considerados empresarios: sin derecho a la baja laboral, sin acumular antigüedad ni vÃnculos con el contratanteâ€.
También, según recuerdan, “se pierde el derecho a la prestación por desempleo, entre otros. Ésta es la situación en la que se encuentran actualmente las seis educadoras del DEAC del MUSAC, que tras seis años de trabajo continuado se ven en la calle y totalmente desprotegidas. Con el gravamen añadido de que la Fundación no ha pagado ninguna factura desde la fecha en que se interpuso la demanda. Las facturas eran la forma en que se pagaba el salario del conjunto de las trabajadoras, tratándose en realidad de nóminas encubiertasâ€.
Realidad «común»
Las trabajadoras denuncian que “esta realidad es cada vez más común en las administraciones públicas, con el fin de eludir la contratación directa y su responsabilidad con los trabajadores, lo cual precariza cada vez más su situaciónâ€.
Los hechos se remontan al pasado 30 de junio, momento en el que concluÃa el contrato que la empresa Nadia y Antonio C.B. mantenÃa con la Fundación Siglo. Dicha empresa, tal y como señalan, es una empresa “interpuesta y creada en exclusiva para dar cobertura jurÃdica a la situación laboral irregular del conjunto de las trabajadoras del DEAC MUSAC, conjunto en el que se incluyen los titulares de la Comunidad de Bienes, Nadia Teixeira López y Antonio González Chamorro. Ambos trabajaban en igualdad de condiciones que sus compañeras de departamento, bajo órdenes directas del personal de la Fundación. Dicho contrato nace del concurso que la misma Fundación convocó hace dos años para, bajo la figura de una empresa interpuesta, eludir con apariencia de legalidad, la relación laboral con sus trabajadoresâ€.
AsÃ, el 29 de junio se solicita a las trabajadoras “que continúen en su puesto de trabajo desde el 1 de julio hasta la resolución de un nuevo concurso, aún pendiente de fallo. Esta continuidad laboral se realiza sin contrato alguno y para la totalidad del equipo en igualdad de condiciones, una vez disuelta la empresa interpuesta adjudicataria del concurso anteriorâ€.
Demanda por despido
Sin embargo, el viernes 8 de julio la dirección del museo “comunica verbalmente a las trabajadoras que abandonen su puesto de trabajo tras seis años en el departamento. Ante la negativa de entrega de comunicado por escrito de tal despido, las trabajadoras se presentan el 12 de julio en su lugar de trabajo acompañadas por un notario y testigos, y se les prohÃbe el acceso a su puesto de trabajoâ€. En consecuencia, explican, se va a interponer una demanda por despido.
Además, recuerdan que “este despido paraliza, en dicha institución pública, la labor educativa desarrollada por las educadoras a lo largo de todos estos años. Se han visto y se verán afectadas programaciones realizadas a largo plazo con el público infantil, con las escuelas, con numerosos colectivos y asociaciones o con gestores culturales y artistas. En la actualidad el DEAC del MUSAC está cerrado realizándose tan sólo visitas guiadasâ€.
Movilizaciones
A esto añaden que este despido “se olvida de los vÃnculos creados entre las educadoras y la ciudadanÃa, fundamentales para cómo se siente el museo en la ciudadâ€.
A partir de este momento los trabajadores despedidos, tal y como han anunciado, realizarán las necesarias movilizaciones para que este tipo de situaciones se visibilicen y los ciudadanos tengan conocimiento de las consecuencias de “la mala gestión del dinero público, hecho que nos afecta a todosâ€.
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Ecologistas en Acción de León ha presentado 1.500 firmas en el Ayuntamiento para exigir la retirada de las esculturas conocidas como Las Moscas, de Eduardo Arroyo, instaladas en la plaza de Puerta Castillo, asà como de cualquier otro enclave del casco histórico de la ciudad. Las firmas han sido recogidas dentro de una campaña que llevó el lema Insulto a la historia y a la cultura de León. Ha costado más de 800.000 euros. Ecologistas en Acción han enviado un escrito al alcalde de León, Emilio Gutiérrez, acompañado de las primeras 1.245 firmas en contra de ese grupo escultórico, a las que hay que añadir 282 más recogidas -Ëœon line-. El documento remitido al Ayuntamiento recuerda que la fachada de la iglesia de los Descalzos -â€utilizada por el Archivo Histórico Provincial-â€, donde se -Ëœcolgó- una gigantesca mosca, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y goza de «la máxima protección legal» y sobre el que, por ese motivo sólo deberÃan autorizarse y ejecutarse «obras de consolidación, conservación y rehabilitación». El régimen de protección del Archivo Histórico Provincial es «el mismo» aplicable a los grandes monumentos como la Catedral, San Isidoro o las murallas de la ciudad, que son edificios cuyas fachadas «a nadie se le ocurrirÃa retocar» colocando «creaciones artÃsticas contemporáneas», ya que resulta tan «insensato» colocar una mosca de gran tamaño «en los muros de la catedral como en la fachada de los Descalzos».
]]>La mano del nuevo alcalde de León, Emilio Gutiérrez, comienza a ser visible en las calles de la capital. Este miércoles varios operarios han comenzado a trabajar sobre la Avenidad Fernández Ladreda, vial que en cuestión de horas será de nuevo transitable con doble carril y del que ya se han retirado tanto los pivotes centrales como las ‘áreas de exclusión’ habilitadas para el tránsito especÃfico de autobuses, taxis y motos.Gutiérrez aseguró que la eliminación de los carriles de circulación limitada en esta zona serÃa inminente y apenas unas horas después los servicios municipales, además de personal de una empresa privada, han comenzado a eliminar ‘barreras’.
Inicialmente se han retirado los pivotes centrales y se ha borrado del asfalto las señales identificativas para el paso de vehÃculos de uso público, además de motos.

Un operario pinta la señal de ‘carril bus’ en la Avenida Fernández Ladreda.
Salvo sorpresa la doble circulación de vehÃculos será realidad en apenas unas horas. De hecho este miércoles el tránsito rodado en doble dirección y el doble carril ya era perceptible en la mitad del vial.
En apenas unas horas será visible en la totalidad de la avenida, al mismo tiempo que se abrirá la entrada por la glorieta de la ronda Este en dirección a la Plaza de Toros.
Fernández Ladreda dice asàal cambio radical que le dio el PSOE y, 18 meses después de su apertura, volverá a su aspecto anterior, con cuatro carriles de nuevo disponibles para todos los coches y también más zonas de carga y descarga. Eso sà el nuevo equipo de gobierno ha asegurado que no permitirá la circulación de tráfico pesado.

La avenida, con la señalización de ‘carril bus’ ya eliminada.

Un operario elimina la señalización de ‘carril bus’ al paso de un autobús urbano.
La reordenación del tráfico en la Avenida Fernández Ladreda se ha producido este miércoles de forma paralela a la eliminación de ‘barreras’ que impedÃan la circulación en doble carril.
De inmediato la PolicÃa Local ha permitido el tráfico rodado con doble carril. Ahora queda pendiente la reubicación de las paradas de autobuses, inicialmente diseñadas en el centro de la calzada y en apenas unos dÃas reubicadas en las aceras derecha e izquierda del vial.

Primeros vehÃculos utilizando el ‘doble carril’ en Fernández Ladreda.

Un operario repinta las áreas de exclusión de la Avenida Fernández Ladreda.
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En los últimos meses están apareciendo videos inéditos sobre el desalojo y demolición de Riaño en el canal de cafehadock
Este canal de youtube también tiene interesante material audiovisual sobre etnografÃa y folklore de la provincia
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Reportaje ofrecido por La 2 de Televisión Española sobre la problemática de San Glorio
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Este nuevo proyecto de autopista eléctrica recorrerá más de 120 kilómetros desde Asturias hasta Palencia, atravesando León , para justificar esta enorme infraestructura se acude a los mismos argumentos de siempre ,simplemente, que es necesaria para garantizar el progreso,desarrollo y bienestar de todos y por supuesto de las zonas afectadas.
Sin embargo tanto Leon como Asturias son excedentarias en energia electrica, exportando una gran parte de su produccion.
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Reportaje realizado por la periodista Sandra Camps emitido en RNE el pasado 5 de diciembre, en el que se recogen los testimonios de diversas personas que vivieron en este valle, cuando han pasado 23 años desde su hundimiento.
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